El chantaje cotidiano en la UAS: renuncia al PAS o pierdes tu trabajo, la desbandada que no es libre

#Opinion por: El Guardian

La Universidad Autónoma de Sinaloa, máxima casa de estudios del estado, se ha convertido en escenario de una operación política que, de confirmarse lo que ya es público y notorio, despoja a la institución de toda autonomía y la reduce a una oficina de control partidista. El señalamiento es grave: trabajadores universitarios, académicos y administrativos, están siendo presionados para renunciar al Partido Sinaloense (PAS) so pena de perder su empleo. La nómina, que debería ser garantía de sustento familiar, se ha convertido en el instrumento de coerción política más efectivo que existe hoy dentro de la UAS.

El mecanismo, documentado en versiones recabadas por medios locales y en declaraciones de propios afectados, es directo y vejatorio: en revisiones de personal, entrevistas de desempeño o simples llamados de atención, se cuestiona explícitamente la militancia en el PAS. Se plantea la disyuntiva con toda crudeza: abandonar el partido o enfrentar consecuencias laboralesdesde estancamiento salarial, negación de plazas definitivas, traslados forzosos hasta el despido directo. No es una coincidencia: quienes mantienen su afiliación al PAS reportan bloqueos en sus procesos de basificación, negación de prestaciones y un trato diferenciado que contradice todo principio de igualdad laboral.
El contexto no es casual. El PAS nació de la propia estructura universitaria: fue el rector Héctor Melesio Cuén Ojeda quien lo fundó, convirtiendo a la UAS en su base política y territorial. La ruptura con Morena y el gobierno de Rubén Rocha Moya, después de haber sido aliados en la elección de 2021, desató una persecución sistemática contra la estructura cuenista dentro de la universidad. La presión sobre el rector Jesús Madueña Molina para desmantelar la influencia del PAS se ha traducido en una purga silenciosa que recae, no sobre los dirigentes, sino sobre miles de trabajadores de base que solo ejercieron su derecho libre de afiliación.

La “desbandada” que no es libre, sino inducida por el miedo
En los últimos días se ha difundido con bombo y platillo una supuesta desbandada de militantes del PAS hacia Morena. Se presentan renuncias masivas como un “reacomodo natural” y un reconocimiento ciudadano al proyecto de la 4T. Pero la realidad que emerge de los pasillos universitarios y de testimonios que se guardan con reserva es muy distinta: esas renuncias no son producto de la convicción, sino de la supervivencia.

Los datos públicos revelan que muchos de quienes anunciaron su incorporación a Morena ocupan plazas temporales, están en proceso de evaluación o tienen contratos renovables trimestralmente. No es casualidad. El mensaje ha sido recibido alto y claro: quien no esté con el partido del gobierno, no tiene lugar en la universidad. La “desbandada” no es triunfo ideológico; es capitulación por hambre. Es la demostración más cínica de cómo se utiliza la necesidad económica para fabricar adhesiones políticas.

El origen: una disputa de Estado disfrazada de autonomía universitaria

Lo que ocurre en la UAS no es un conflicto interno entre facciones académicas. Es el resultado de una decisión política tomada fuera de las aulas. Documentos periodísticos revelan que la disputa por el control de la universidad y de la estructura política que representa el PAS, ha sido una prioridad para el gobierno estatal desde que se rompió la alianza entre Morena y el PAS en 2022. El propio Rubén Rocha Moya habría impulsado la presión sobre Madueña Molina para desmantelar la influencia cuenista, utilizando para ello los recursos presupuestales y la autoridad laboral de la institución.

La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 3° constitucional, no puede servir de escudo para violar derechos constitucionales. El artículo 123 establece que ningún trabajador puede ser discriminado por sus opiniones políticas. El Contrato Colectivo de Trabajo de la UAS prohíbe expresamente cualquier condicionamiento de índole partidista. Sin embargo, en la práctica, la rectoría permite, cuando no ordena, que la afiliación política sea el criterio determinante para conservar o perder el empleo.

Madueña debe responder: ¿quién da las órdenes?

Jesús Madueña Molina no puede seguir escondiéndose detrás del silencio. Su responsabilidad es directa. Como máxima autoridad de la UAS, tiene la obligación de garantizar que ningún trabajador sea interrogado sobre su militancia política, que ninguna renuncia sea arrancada bajo amenaza y que la estabilidad laboral no dependa del color del partido en el poder. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario: bajo su administración, la persecución política se ha institucionalizado. En el Consejo Universitario llegó incluso a calificar de “grupo de enfermos” a quienes cuestionaban sus decisiones, mostrando una actitud de desprecio hacia la disidencia que se traduce en hostigamiento cotidiano hacia la base trabajadora.
La pregunta que la comunidad universitaria exige respuesta es nítida: ¿Las presiones provienen de la propia rectoría o obedecen a instrucciones externas del gobierno estatal? Si vienen de fuera, ¿por qué la autonomía universitaria se ha rendido sin siquiera oponer resistencia? Si son decisiones internas, ¿con qué derecho se dispone del sustento de miles de familias para ajustar cuentas políticas?

Consecuencias: la universidad pierde su rumbo

Mientras la UAS atraviesa su peor crisis financiera, con deudas millonarias, pagos de salarios retrasados y una reingeniería que ha sacrificado prestaciones laborales, la rectoría dedica tiempo y recursos a depurar militancias partidistas. La institución que debería formar ciudadanos libres se ha convertido en escuela de obediencia y miedo. Y lo más grave: al instrumentalizar la nómina como herramienta de control político, se envía un mensaje demoledor a la sociedad sinaloense: que en la UAS no se respeta la libertad, que la autonomía es un discurso vacío y que el empleo público no es un servicio, sino un botín.
No más trabajadores como moneda de cambio

La comunidad universitaria y la sociedad sinaloense merecen respuestas claras y públicas:

• ¿Se ha instruido formal o informalmente a los trabajadores renunciar al PAS?
• ¿Quién ha dado esas órdenes y con qué fundamento legal?
• ¿Qué garantías existen de que nadie será despedido, sancionado o perjudicado por su afiliación política?
• ¿Por qué se permite que la “desbandada” sea presentada como victoria política cuando hay indicios de coacción?
  
  La UAS no es propiedad de un partido ni de un grupo de poder. Es patrimonio de los sinaloenses. Su nómina no es caja de guerra electoral. Sus trabajadores no son botín político. Si la rectoría no tiene la voluntad de frenar estas prácticas, la comunidad universitaria y las autoridades competentes, desde la Secretaría de Educación Pública hasta el propio Congreso del Estado, tienen la obligación de intervenir. Porque una universidad que silencia a sus trabajadores bajo amenaza de quitarles el pan, no educa para la libertad: entrena para la sumisión.