Visita presidencial a Culiacán: transporte público desviado y funcionarios obligados para llenar el evento.

SHEINBAUM EN SINALOA: MULTITUDES MOVILIZADAS Y CUENTAS PENDIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL

Por. El Guardian

La visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa dejó una imagen que el gobierno estatal seguramente querrá conservar: una concentración masiva para recibir a la Presidenta de la República. Sin embargo, detrás de esa fotografía oficial quedan preguntas incómodas, señalamientos documentados y una responsabilidad que no puede disolverse entre discursos ni cifras de asistencia.

La primera y más inquietante tiene que ver con la operación política y logística que hizo posible el evento. Mientras el gobierno estatal celebraba la presencia de miles de sinaloenses, comenzaron a surgir señalamientos públicos sobre movilización de personas, uso masivo de unidades del transporte público y presiones a servidores públicos para garantizar su asistencia. El periódico El Debate documentó que alrededor de 1,300 camiones fueron utilizados para trasladar asistentes al acto, lo que generó afectaciones directas al servicio ordinario: usuarios reportaron largas esperas, rutas incompletas y escasez de unidades en zonas urbanas de Culiacán, Mazatlán y Ahome. El uso de la flota de transporte —un servicio público esencial— para fines de movilización política plantea una cuestión de fondo: ¿quién autorizó la disposición de esas unidades, bajo qué criterios legales y quién asumió el costo para los ciudadanos que se quedaron sin transporte ese día?

A esto se suma un señalamiento de gravedad institucional: funcionarios estatales y municipales reportaron haber sido convocados al evento en su día de descanso, con instrucciones de asistir obligatoriamente y bajo advertencias explícitas de consecuencias laborales en caso de no presentarse. Testimonios recabados por medios locales y difundidos en redes públicas dan cuenta de circulares verbales y presiones directas desde direcciones y secretarías, condicionando la permanencia o el avance laboral a la presencia en el acto. Esto trasciende la política partidista: vulnera derechos laborales de miles de servidores públicos y convierte el empleo gubernamental en moneda de cambio para la fotografía política. Si estas instrucciones existieron, debe identificarse quién las emitió, en qué nivel jerárquico y si se ajustan a la normativa administrativa vigente.

El contraste con la realidad que vive Sinaloa resulta inevitable y doloroso. La visita ocurrió en un contexto de crisis de seguridad sin precedente: a casi dos años del recrudecimiento de la violencia, los índices de homicidios, desplazamientos y extorsiones siguen colocando a la entidad entre las más afectadas del país. Municipios como Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán registran los niveles más altos de incidencia delictiva, y miles de sinaloenses han salido a marchar en las últimas semanas exigiendo paz, sin que sus demandas hayan recibido respuesta proporcional del gobierno estatal. Ante ese escenario, ¿es prioridad concentrar recursos humanos, logísticos y de transporte para un acto de recepción, o deberían esos esfuerzos orientarse a garantizar la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de la población? Una concentración multitudinaria no reduce la inseguridad, no mejora la economía familiar ni recupera la confianza ciudadana: solo demuestra capacidad de convocatoria, algo muy distinto a capacidad de gobierno.

Existe además una contradicción ética que el movimiento de la Cuarta Transformación no debería ignorar. Durante años, Morena denunció el uso de recursos públicos para movilizar personas, el acarreo, la utilización de unidades de transporte y la presión a funcionarios como prácticas del viejo régimen. Si hoy esas mismas prácticas se repiten bajo su administración, pierden su carácter de irregularidad y se convierten en una traición a los principios que dieron origen al proyecto. No basta con afirmar que la asistencia fue voluntaria; es necesario transparentar la organización: ¿cuántas unidades se utilizaron, quién cubrió su combustible y operación, qué dependencia dio la orden de suspender o reducir rutas, y quién instruyó a los funcionarios a asistir bajo amenaza? La transformación no se proclama en discursos: se demuestra en cómo se ejerce el poder.

La verdadera fortaleza de un gobierno no se mide por la cantidad de personas que logra reunir en un evento, sino por la cantidad de personas que respalda su trabajo por convicción, no por obligación ni por necesidad. No se mide por cuántos camiones puede concentrar para una foto, sino por cuántos de esos camiones circulan a tiempo y completos para los trabajadores, estudiantes y familias que los necesitan cada día. No se mide por llenar una plaza, sino por llenar de tranquilidad los hogares de una entidad que lleva demasiado tiempo viviendo con miedo.

La visita de la Presidenta pudo ser una oportunidad de diálogo y cercanía. Pero el gobierno estatal la convirtió también en una prueba de transparencia y congruencia. La pregunta ya no es cuánta gente asistió, sino: ¿con qué recursos, a costa de qué servicio público y bajo qué tipo de presiones? Mientras esas respuestas no sean claras y públicas, la imagen de multitud seguirá acompañada de una sombra: la de un gobierno que prefiere la puesta en escena antes que la solución de fondo. Y en Sinaloa, donde la paz y la seguridad son la demanda más urgente, las fotos no bastan. Se requieren resultados. Y hasta ahora, esos resultados no llegan.