El colapso de la simulación: Sinaloa exige un cambio radical

Por: Mario Gerardo Maldonado Grajeda

Mirar hoy a Sinaloa es contemplar un mapa de crisis superpuestas que ya no pueden disimularse con discursos de optimismo oficial. Lo que ocurre en nuestra entidad, desde las altas esferas del poder político hasta el deterioro de los servicios básicos en los municipios, configura un diagnóstico de profunda descomposición institucional. No estamos ante incidentes aislados; estamos ante el colapso de un modelo de gobierno que se formó bajo las siglas de Morena y que hoy entrega sus peores cuentas a la ciudadanía.

La sacudida más violenta al tablero político llegó desde los tribunales de Estados Unidos. La entrega voluntaria y detención en territorio estadounidense de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y del exsenador de la república Enrique Inzunza Cázarez, representa un punto de no retorno. Los encargados de las áreas más sensibles del estado —el orden, las finanzas y la justicia— hoy enfrentan acusaciones abiertas en Nueva York por presuntos vínculos con el crimen organizado.

¿Cómo se puede sostener la narrativa de la honestidad cuando los pilares del gabinete estatal terminan rindiendo cuentas ante la justicia extranjera por narcotráfico? ¿Es complicidad por omisión, o un diseño institucional entregado a los poderes fácticos?

Esta fractura en la cúpula tiene su correlato en las calles, donde el abandono gubernamental se traduce en tragedias cotidianas. En el norte, el municipio de Ahome vive días de profunda consternación. La reciente tragedia en la Plaza Fiesta Las Palmas, que cobró la vida de seis personas y dejó decenas de hospitalizados, junto con la ola de incendios que ha movilizado de manera constante a los cuerpos de emergencia —como el siniestro en el taller de la carretera Mochis-Topolobampo—, expone una preocupante vulnerabilidad. Mientras las autoridades municipales intentan matizar las cifras argumentando que se trata de estadísticas “normales”, la realidad es que la falta de prevención y la debilidad en los esquemas de protección civil nos recuerdan que la vida del ciudadano pende de un hilo. ¿Hasta cuándo la inoperancia administrativa seguirá costando vidas en el norte del estado?

Mientras tanto, en Culiacán, la violencia no da tregua y mantiene a la capital bajo un clima de constante terror. Los ataques a balazos a plena luz del día contra comercios y clínicas en zonas confluidas como Las Quintas, sumados a los recurrentes hallazgos de cuerpos en la región, evidencian un estado de indefensión absoluto. La estrategia de seguridad pública fracasó rotundamente, una consecuencia lógica cuando quienes debían trazarla hoy visten uniformes de reclusos en el extranjero.

Para cerrar el cuadro de este Sinaloa fracturado, Mazatlán, la joya turística del estado, naufraga en su propia infraestructura. El colapso crónico del sistema de drenaje y el brote de aguas negras en plenas zonas turísticas y habitacionales ya no es solo una crisis ambiental y sanitaria; es el reflejo del desvío de prioridades. Se gasta en imagen y discursos, pero se olvida el subsuelo, condenando al puerto al rezago.

La pregunta de fondo que los sinaloenses debemos hacernos este día es dura pero impostergable: ¿Cuánto más puede soportar nuestro tejido social bajo el cobijo de un partido político que ha demostrado ineficacia administrativa en lo local y sospechas criminales en lo global?

El escenario actual no admite más apatía. Sinaloa necesita con carácter de urgencia un cambio de gobernantes y de partido político. Requerimos una alternativa que devuelva la dignidad a las instituciones, que limpie las corporaciones y que priorice las obras que salvan vidas y dan salud a nuestras ciudades. El fuego en Ahome, las balas en Culiacán, las aguas negras en Mazatlán y las cortes de Nueva York hablan el mismo idioma: el de un ciclo político agotado que urge cambiar en las urnas.