Licencias de ida y vuelta: El pueblo no es sala de espera

Por: Mario Gerardo Maldonado Grajeda

La política en Sinaloa parece haber entrado en un estado de excepción ética donde las leyes electorales y los compromisos constitucionales se estiran al antojo del partido en el poder. La reciente y masiva “cascada de licencias” de funcionarios y legisladores de Morena —quienes han decidido abandonar temporalmente sus encargos para sumergirse en los procesos internos rumbo a las elecciones— es una flagrante bofetada a la ciudadanía y un ejercicio descarado de precampaña anticipada.

Mientras figuras de otros partidos políticos se mantienen al margen, respetando de manera institucional los tiempos y las formas que la ley estipula, el oficialismo ha optado por reventar el calendario. Al amparo de un proceso interno que se vende como “democracia partidista”, lo que realmente presenciamos es una estrategia para otorgarles meses de foco público y ventaja indebida sobre cualquier competidor. Con estas licencias “estratégicas”, los aspirantes se dedican a placearse, tapizar el estado con su imagen y hacer política de facción, mientras las oficinas gubernamentales y las curules legislativas quedan en el abandono o bajo el interinato de suplentes que apenas van llegando a entender el escritorio.

El argumento de que “tienen derecho a participar” se cae por su propio peso cuando se confronta con la lógica más elemental del sentido común. Imaginemos por un momento el mercado laboral de cualquier sinaloense de a pie. Cuando un ciudadano común decide buscar un nuevo empleo, jamás va con su jefe actual a decirle: “Oiga, voy a irme a trabajar una semana allá a la otra empresa para ver cómo me tratan y hacer una prueba; si me contratan, entonces ya le firmo la renuncia, pero si no me quieren, me devuelvo a mi puesto mañana mismo”. Sería absurdo, ridículo y motivo inmediato de despido.

Sin embargo, para la clase gobernante de Morena, el servicio público funciona exactamente así. Ven sus cargos actuales no como un mandato sagrado otorgado en las urnas, sino como una red de seguridad, una franquicia cómoda a la cual regresar si su aventura interna no rinde los frutos esperados.

A estos funcionarios no se les eligió ni se les paga para que utilicen las instituciones como trampolines personales ni para que jueguen a las vencidas por candidaturas meses antes de lo legal. El pueblo de Sinaloa, y particularmente de regiones que exigen atención total como el municipio de Ahome, padece problemas profundos en infraestructura, servicios, seguridad y desarrollo social que requieren servidores de tiempo completo, no políticos de medio tiempo con la mente puesta en la siguiente boleta.

Tiene que quedar claro: el compromiso asumido con la ciudadanía es irrenunciable y debe cumplirse hasta el último día del periodo para el que fueron votados o designados. Utilizar la figura de la licencia para burlar el espíritu de la equidad electoral e iniciar campañas encubiertas es un fraude a la confianza pública. La política local necesita seriedad, y el pueblo sinaloense merece respeto, no ser tratado como una simple sala de espera mientras los funcionarios deciden si se quedan o se van.